Por : CPC Roberth Robles Zelada
Los mecanismos de control sobre la administración pública con que se cuenta actualmente se basan en procedimientos y formalidades que limitan la capacidad gerencial sin que impidan la corrupción. La complejidad normativa que enfrentan las entidades públicas en cuanto a funciones y procesos (desorden, desactualización, vacíos y contradicciones) crea una mayor inseguridad para los funcionarios honestos y facilita la corrupción.
Mientras se enfatiza el control de formalidades, se ha descuidado por completo el control sobre los resultados de la gestión. No existen todavía mecanismos generalizados que permitan evaluar los resultados de los programas y proyectos que realizan las distintas entidades públicas.
La iniciativa de presupuesto por resultados que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas es positiva, pero está todavía en una etapa bastante inicial y requiere fortalecerse y tener el soporte suficiente para generar un cambio de cultura en los funcionarios públicos. Por otro lado, la ciudadanía no conoce la definición de objetivos, metas, indicadores de desempeño y mucho menos el costo de roducción de servicios públicos.
Si bien se ha avanzado hacia una mayor transparencia del Estado por medio de la obligatoriedad de los portales de internet, estos muchas veces presentan información incompleta y desactualizada. Tampoco se ha logrado reducir el nivel de corrupción dentro del Estado. Según la Encuesta Nacional de Hogares, del total de personas que realizaron trámites con el Poder Judicial, el 15% fue víctima de corrupción y ese porcentaje asciende a 30% en el caso de trámites con la Policía Nacional. Sin embargo, solo 7% de las víctimas de actos de corrupción hizo su denuncia debido, principalmente, a la inexistencia o el desconocimiento de espacios efectivos para realizar las denuncias.
La Oficina Nacional Anticorrupción no tiene un mandato claro, ni una estructura funcional ni recursos para ser realmente efectiva, y la Contraloría no ha logrado todavía convertirse en un ente que favorezca la buena gestión estatal y controle efectivamente la corrupción. Por el contrario, muchos funcionarios públicos plantean que el temor a ser objeto de una investigación por la Contraloría produce demoras e indecisiones, haciendo al Estado más lento en reaccionar a las necesidades de la población.
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